ABUSOS Y FALENCIAS ALREDEDOR
DE LA MEGACAUSA DEL
REGISTRO
El Manual de Evaluación de la Fiscalía de Naciones Unidas afirma que los fiscales
desempeñan una función única en los asuntos penales en tanto actúan en nombre
del Estado como representantes de la ciudadanía en general y no de una víctima
individual, lo que difiere de la función de los letrados de la defensa, cuya
obligación es representar al acusado con el mayor celo posible de conformidad
con la ley.
Los fiscales tienen como obligación la defensa del estado de derecho
velando, desde el punto de vista ético y profesional, porque el acusado reciba
un juicio equitativo. El hecho de no cumplir estas obligaciones se traduce en
injusticias (enjuiciamientos abusivos, condenas injustas, etc.), lo que daña la
integridad del sistema judicial y
vulnera la confianza ciudadana.
En 1990 se aprobaron las “Directrices sobre la función de los Fiscales”,
que ayudan a garantizar que la fiscalía respete los derechos humanos
fundamentales promoviendo la eficacia, la imparcialidad, la equidad y la
prontitud en los procedimientos penales, protegiendo la dignidad humana y
contribuyendo a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema
de justicia penal.
Basta una mirada para dar cuenta de que lo arriba apuntado no se
cumplió en la investigación de la causa del Registro de la Propiedad de Córdoba,
por la
prisión preventiva sistemática
violando el derecho constitucional al principio de inocencia, el encarcelamiento
prolongado sin juicio aboliendo el derecho fundamental a la libertad; la
ineficacia y la tardanza de una investigación que, superando una década, aún no
encuentra la verdad; la inequidad de un sistema que es “ciego y sordo” a
las acusaciones contra funcionarios y poderosos, la parcialidad de los
juicios repetidos y la comisión especial para juzgar y el agravio a la dignidad
humana de la prisión preventiva en personas con enfermedades terminales.
No es difícil detallar otras falencias, aunque la consecuencia es penosa
e inevitablemente la misma: el daño a la integridad del sistema judicial
cordobés y a la confianza ciudadana.
G.F.
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