“Síganme los buenos” -------------------------

ABUSOS Y FALENCIAS ALREDEDOR

DE LA MEGACAUSA DEL REGISTRO

   El Manual de Evaluación de la Fiscalía de Naciones Unidas afirma que los fiscales desempeñan una función única en los asuntos penales en tanto actúan en nombre del Estado como representantes de la ciudadanía en general y no de una víctima individual, lo que difiere de la función de los letrados de la defensa, cuya obligación es representar al acusado con el mayor celo posible de conformidad con la ley.

   Los fiscales tienen como obligación la defensa del estado de derecho velando, desde el punto de vista ético y profesional, porque el acusado reciba un juicio equitativo. El hecho de no cumplir estas obligaciones se traduce en injusticias (enjuiciamientos abusivos, condenas injustas, etc.), lo que daña la    integridad del sistema judicial y vulnera la confianza ciudadana.

   En 1990 se aprobaron las “Directrices sobre la función de los Fiscales”, que ayudan a garantizar que la fiscalía respete los derechos humanos fundamentales promoviendo la eficacia, la imparcialidad, la equidad  y la prontitud en los procedimientos penales, protegiendo la dignidad humana y contribuyendo a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal.

   Basta una mirada para dar cuenta de que  lo arriba apuntado no se cumplió en la investigación de la causa del Registro de la Propiedad de Córdoba, por  la

prisión preventiva sistemática violando el derecho constitucional al principio de inocencia, el encarcelamiento prolongado sin juicio aboliendo el derecho fundamental a la libertad; la ineficacia y la tardanza de una investigación que, superando una década, aún no encuentra la verdad; la inequidad de un sistema que es “ciego y sordo” a las acusaciones contra funcionarios y  poderosos, la parcialidad de los juicios repetidos y la comisión especial para juzgar y el agravio a la dignidad humana de la prisión preventiva en personas con enfermedades terminales.

   No es difícil detallar otras falencias, aunque la consecuencia es penosa e inevitablemente la misma: el daño a la integridad del sistema judicial cordobés y a la confianza ciudadana.

G.F.