“Síganme los buenos” no se detiene ---------

MÁS RAREZAS EN LA CAUSA DEL

REGISTRO Y AQUEL  LLAMATIVO

TEMA DEL MUERTO  QUE  LITIGA

   La  causa del Registro de la Propiedad de Córdoba vuelve a ser noticia en un matutino de este domingo a causa de la realización de un nuevo juicio a un ex-director de dicha dependencia estatal.  

   Tomando como punto de partida que la publicación menciona “el infierno de irregularidades de ese organismo”, me pareció útil y oportuno tomar la misma expresión  para destacar el no menos “infierno” de  irregularidades de la causa vigente y su sonado proceso judicial, entre las que se destacan algunos puntos más emparentados con la incredulidad que con la Justicia.

   La historia y la memoria referirán centenares de personas comunes y sin antecedentes imputadas como partícipes y en prisión preventiva por años, aún reconociéndose en muchos casos que no existían pruebas contra ellos.

   Ningún alto funcionario ni miembro del poder político responsable por la causa.

   Todo se concentra en el mismo Director, al que se juzga aún por lo que ocurrió cuando no estaba al frente de esa repartición.

   Además, existen diferencias en el trato: mientras el grueso de los ciudadanos comunes fue condenado por “íntima convicción” ante el sólo hecho de estar en los contactos de la agenda de un celular, conocidos del poder fueron  liberados de culpa y cargo con la misma “convicción”.

   Y se trata de casos concretos de los mismos juicios en los que participa el ex director: en el año 2014, fue sobreseído en algún pasillo un escribano, familiar de un funcionario  Judicial, que había intervenido en un Poder presuntamente falso,  y en este nuevo juicio que cita el diario, la causa lleva el nombre de un legislador, que también fue prontamente sobreseído luego de habérselo acusado de querer comprar el campo en cuestión.

   Sinceramente y de corazón, no juzgo la culpabilidad o inocencia de ambos, pero sí la manifiesta e irritante desigualdad ya que por  mucho menos, otros cargan el estigma de la condena. 

   ¿Hay que ser conocido del Poder para que se haga justicia?

   O quizás falta un Poder imparcial, para hacer verdadera justicia en esta causa.

El litigante “fantasma”

    Pese al ruido sempiterno reinante en las caóticas y concurridas calles que rodean a Tribunales  I, siguen resonando los ecos del curioso caso de una persona que ocho meses después de fallecer dejando constancia de tal estado, inició una demanda de desalojo contra una anciana ocupante de una vetusta tapera enclavada en un valioso terreno vecino de un importante shopping, en esta ciudad.

   La novedad no fue tan solo por el iniciador del reclamo, sino por sus derivaciones dentro del ámbito judicial, dado que un juzgado civil le dio la razón al muerto y resolvió en su favor, medida que al ser apelada por la afectada fue confirmada por una cámara superior que decretó el desalojo, dejando de lado un testimonio en sede judicial que da cuenta del fallecimiento, reiterando lo mismo que sucediera en primera instancia, lo que certificaba el óbito del reclamante en fecha anterior a su presentación ante la adormilada justicia cordobesa.

   Pese a todas las manos y los ojos por los que pasó el expediente, nadie se dio cuenta que un muerto estaba litigando a lo largo de tres años y le habían dado la razón.

   Como era de suponerse, la displicencia suele tener excepciones a la hora de estudiar los expedientes y alguien cayó en cuenta de la graciosa situación. La señora condenada a dejar la tapera y entregar el apetecible terreno buscó un abogado que hizo la presentación correspondiente corporizada en una denuncia penal, en la que involucra a los letrados patrocinantes de la descabellada exigencia (un pajarito pariente del avecilla de Maduro me lo confió) de apellidos Boetto y Flores y varios dependientes de un juzgado Civil y Comercial de la Justicia provincial.

   El tema anduvo dando vueltas por pasillos y oficinas varias, pasando por la Fiscalía General y de allí fue a alojarse en el Fuero Penal Económico y Anticorrupción que lo tiene en su poder desde hace más de ocho días, antes de girarlo a un destino cierto que se supone no es la misma Cámara Civil y Comercial porque suena ridículo que alguien juzgue su propia conducta.

   Del estudio de las actuaciones es para imaginar sólo por intuición que si se debe resolver si hubo o no delito (las pruebas son tan concluyentes…) por parte de los denunciados y si se meritúa una investigación jurisdiccional, sería precisamente porque habría funcionarios involucrados.

   Ediliciamente hablando, la Cámara Civil y Comercial en cuestión está ubicada a menos de 15 metros del Fuero Penal Económico y Anticorrupción.

   Si la Justicia es como dicen sus dirigentes y se sostiene desde el poder provincial, dinámica y ajustada a los tiempos y las urgencias de las causas, demorar el trámite sería para justificar ante la sociedad, esa imagen de siestera pachorra a la que la realidad nos viene acostumbrando.

   ¿Alguna palabra del Colegio de Abogados al respecto?

   Por ahora, mutismo absoluto.

Gonio Ferrari