MÁS RAREZAS EN LA CAUSA DEL
REGISTRO Y AQUEL LLAMATIVO
TEMA DEL MUERTO QUE LITIGA
La
causa del Registro de la Propiedad de Córdoba vuelve a ser noticia en un
matutino de este domingo a causa de la realización de un nuevo juicio a un
ex-director de dicha dependencia estatal.
Tomando
como punto de partida que la publicación menciona “el infierno de
irregularidades de ese organismo”, me pareció útil y oportuno tomar la misma
expresión para destacar el no menos “infierno” de irregularidades
de la causa vigente y su sonado proceso judicial, entre las que se destacan
algunos puntos más emparentados con la incredulidad que con la Justicia.
La
historia y la memoria referirán centenares de personas comunes y sin
antecedentes imputadas como partícipes y en prisión preventiva por años, aún
reconociéndose en muchos casos que no existían pruebas contra ellos.
Ningún
alto funcionario ni miembro del poder político responsable por la causa.
Todo se
concentra en el mismo Director, al que se juzga aún por lo que ocurrió cuando
no estaba al frente de esa repartición.
Además,
existen diferencias en el trato: mientras el grueso de los ciudadanos comunes
fue condenado por “íntima convicción” ante el sólo hecho de estar en los
contactos de la agenda de un celular, conocidos del poder fueron
liberados de culpa y cargo con la misma “convicción”.
Y se
trata de casos concretos de los mismos juicios en los que participa el ex
director: en el año 2014, fue sobreseído en algún pasillo un escribano,
familiar de un funcionario Judicial, que había intervenido en un Poder
presuntamente falso, y en este nuevo juicio que cita el diario, la causa
lleva el nombre de un legislador, que también fue prontamente sobreseído luego
de habérselo acusado de querer comprar el campo en cuestión.
Sinceramente y de corazón, no juzgo la culpabilidad o inocencia de
ambos, pero sí la manifiesta e irritante desigualdad ya que por mucho menos, otros cargan el estigma de la
condena.
¿Hay
que ser conocido del Poder para que se haga justicia?
O
quizás falta un Poder imparcial, para hacer verdadera justicia en
esta causa.
El litigante “fantasma”
Pese
al ruido sempiterno reinante en las caóticas y concurridas calles que rodean a
Tribunales I, siguen resonando los ecos
del curioso caso de una persona que ocho meses después de fallecer dejando
constancia de tal estado, inició una demanda de desalojo contra una anciana
ocupante de una vetusta tapera enclavada en un valioso terreno vecino de un
importante shopping, en esta ciudad.
La
novedad no fue tan solo por el iniciador del reclamo, sino por sus derivaciones
dentro del ámbito judicial, dado que un juzgado civil le dio la razón al muerto
y resolvió en su favor, medida que al ser apelada por la afectada fue
confirmada por una cámara superior que decretó el desalojo, dejando de lado un testimonio
en sede judicial que da cuenta del fallecimiento, reiterando lo mismo que
sucediera en primera instancia, lo que certificaba el óbito del reclamante en
fecha anterior a su presentación ante la adormilada justicia cordobesa.
Pese a
todas las manos y los ojos por los que pasó el expediente, nadie se dio cuenta
que un muerto estaba litigando a lo largo de tres años y le habían dado la
razón.
Como
era de suponerse, la displicencia suele tener excepciones a la hora de estudiar
los expedientes y alguien cayó en cuenta de la graciosa situación. La señora condenada
a dejar la tapera y entregar el apetecible terreno buscó un abogado que hizo la
presentación correspondiente corporizada en una denuncia penal, en la que
involucra a los letrados patrocinantes de la descabellada exigencia (un
pajarito pariente del avecilla de Maduro me lo confió) de apellidos Boetto y
Flores y varios dependientes de un juzgado Civil y Comercial de la Justicia
provincial.
El tema
anduvo dando vueltas por pasillos y oficinas varias, pasando por la Fiscalía
General y de allí fue a alojarse en el Fuero Penal Económico y Anticorrupción
que lo tiene en su poder desde hace más de ocho días, antes de girarlo a un
destino cierto que se supone no es la misma Cámara Civil y Comercial porque
suena ridículo que alguien juzgue su propia conducta.
Del
estudio de las actuaciones es para imaginar sólo por intuición que si se debe
resolver si hubo o no delito (las pruebas son tan concluyentes…) por parte de
los denunciados y si se meritúa una investigación jurisdiccional, sería
precisamente porque habría funcionarios involucrados.
Ediliciamente hablando, la Cámara Civil y Comercial en cuestión está
ubicada a menos de 15 metros del Fuero Penal Económico y Anticorrupción.
Si la
Justicia es como dicen sus dirigentes y se sostiene desde el poder provincial,
dinámica y ajustada a los tiempos y las urgencias de las causas, demorar el
trámite sería para justificar ante la sociedad, esa imagen de siestera pachorra
a la que la realidad nos viene acostumbrando.
¿Alguna
palabra del Colegio de Abogados al respecto?
Por
ahora, mutismo absoluto.
Gonio Ferrari
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