Desgrabación de los
comentarios del periodista Gonio Ferrari en su programa “Síganme los buenos”
del 01-06-14 emitido por AM580 Radio Universidad de Córdoba.
DEL CLUB DE PARIS A LA
UMPM
Desde los sectores del poder, califican como
histórico el acuerdo, o el arreglo logrado con el Club de París por nuestra
deuda, sin la más mínima ingerencia del tan odiado y a la vez necesario FMI,
Fondo Monetario Intramuscular, así llamado porque cada dos por tres te vacuna.
El viaje de la comitiva encabezada por el
joven ministro a la ciudad luz no fue en vano, porque afortunadamente ahora no
existe la obligación de ajustar los números ya que el grueso de la deuda tendrá
que ser prolijamente pagado por el próximo gobierno.
Que seguramente si cae en eso de la amnesia
argentina de ponerse al día, tendrá que vérselas nuevamente no tan solo con los
marcadores de punta del Club de París, sino con aquellos cultores de la vacuna
que les comenté al principio.
Realmente un logro del que tenemos la
obligación de sentirnos legítimamente orgullosos y agradecidos al modelo
nacional y popular, aunque en el 2009 nuestra deuda externa haya sido de 129
mil millones de dólares según lo consigna la historia, y la actual haya trepado
a 250 mil millones.
Pero los números son lo de menos, porque se
amortizarán con la creciente producción en todos los órdenes, la desocupación
cero, la drástica eliminación de la corrupción y una significativa reducción en
los siderales costos de funcionamiento del Estado.
Y otro detalle que casi olvido: el ahorro
que puede llegar a significar la no estatización de una universidad de dudosa
calidad académica y una orientación ideológica emparentada con la violencia, a
la que no se preocupa por repudiar.
Trascendente lo acordado con el Club de París,
pero una burla a la educación y la decencia, que por conocidos desmanejos
tengamos que pagar nosotros las deudas cuantiosas contraídas por una
organización que en nombre de los derechos humanos, dilapidó 200 millones de
pesos.
LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
Si existe una tarea abnegada, riesgosa y de
valiosa ayuda a la comunidad en ciertas emergencias y situaciones críticas, es
la de los bomberos.
Y si son voluntarios, el compromiso es mayor
porque el esfuerzo humano se coloca por encima de la obligación que abrazan los
servidores públicos, pagos por el Estado.
En los últimos años, la falta de recursos
hizo que la tecnología contra incendios en Córdoba padeciera un inadmisible
retraso, que se vio penosamente reflejado en los miles de hectáreas que de su
verdor original se transformaron en llamas, cenizas y tragedia.
Se apeló entonces a lo más fácil, en lugar
-por ejemplo- de afectar partidas de la publicidad, viajes o fiestas, se
legisló para que los cordobeses pagáramos un nuevo impuesto que integra,
todavía, la facturación por el consumo de electricidad.
Resumiendo, pagamos 10 pesos por mes que
según se dijo tiempo atrás, iban a parar a un fondo para la atención de la
frecuente lucha contra incendios, donde principales protagonistas son los
valerosos bomberos voluntarios de distintas poblaciones del interior.
Cuando pensamos que ellos nunca más tendrían
que obligarse a requerir la caridad popular en las rutas vendiendo bonos, tampoco
nunca se nos cruzó por la cabeza que estábamos equivocados, aunque el gobierno
de la provincia pregone a los cuatro vientos que los bomberos voluntarios no
necesitan nada.
Por eso apena e indigna, saber que muchos de
ellos, sin recursos que les permitan seguir sirviendo, cocinan y venden locro y
alquilan los cuarteles para la realización de fiestas particulares porque de alguna manera tienen que
sostenerse.
Realmente, es para que a los responsables de
administrar esos fondos que todos pagamos, se les caiga la cara de vergüenza.
Naturalmente, si es que la tienen.
DOCENTES: EDAD JUBILATORIA
No se trata de pretender una alquimia de
números, años y porcentajes, para llegar a la conclusión que es necesaria una
urgente adecuación a los tiempos que vivimos, de la ley que regula las
jubilaciones de los docentes en nuestra provincia.
Si únicamente tomáramos en cuenta los años
al frente del aula, los vertiginosos tiempos de la tecnología informática
dirían que no son iguales 25 años de antes con los 25 de ahora.
Solo la insensibilidad, que no es materia
ausente en la personalidad de mucha gente, puede sostener que el docente
trabaja solamente en las horas de clase, que corta el año con el receso de
invierno y que en verano goza al menos de dos meses de vacaciones.
La realidad enseña que el docente debe
presentarse una quincena antes de iniciarse el ciclo lectivo y por lo general,
cuando suena el timbre o la campana de salida, acomoda sus petates para
llevárselos a su casa y preparar las clases del día siguiente.
Las correcciones de carpetas y cuadernos no
se hacen en el aula, sino que le roban tiempo al hogar, a los hijos, a la
intimidad y al descanso merecido.
No debe ser simple y si, sumamente
estresante, formar intelectualmente a niños en la edad del crecimiento,
cariñosamente vándalos en potencia, en sus tiempos de la curiosidad y la
desorientación.
El docente merece jubilarse cuando todavía
puede gozar las mieles del reposo, y no solo para atender su salud deteriorada
por el desgaste físico e intelectual.
A estas cuestiones las resuelven los
políticos, que en su enorme mayoría no padecen las presiones a las que está
sometido un docente, especialmente cuando llega fin de mes y advierten que con
suerte, llegarán al día 15 del mes siguiente.
LA LIBERTAD, UN FRAGIL CRISTAL
“Todo aquel que sabe
encubrir la propia injusticia bajo el manto lujoso de la elocuencia, merece un
gran castigo”, sostenía Eurípides.
Cuando
fue posible advertir que una Cámara de la Justicia cordobesa había adquirido la ritual
práctica de transformar la prisión preventiva en costumbre dejando de lado su
aplicación excepcional, no dejó de ser un llamado de atención dirigido a la
cordura y al equilibrio, por el riesgo de caer en penosas equivocaciones,
evitables solo con el respeto por la ley, la Constitución y las recomendaciones
de importantes entidades internacionales defensoras de los derechos humanos.
Ya era una sospecha fortalecida en diversos
sectores de la sociedad, que el abuso y la rapiña sobre propiedades ajenas se
había viralizado de tal manera, que era imposible sostenerla sin la complicidad
o el vistagordismo del Registro de la Propiedad que es donde se desenvuelve el
somnoliento papelerío de la burocracia.
Y entonces, salvando las distancias con las
detenciones masivas que supieran practicar poderosos extremismos ideológicos a
lo largo de la historia, fueron encarcelando a unos cuantos empleados (algunos
ordenanzas), un jefe de aquel organismo de control y un abogado, que nunca fue
autoridad aunque se haya buscado destacar una condición -que no tenía- de
secretario del titular del organismo.
El grueso de los imputados eran escribanos,
tramitadores y compradores que alegaron buena fe, dado que los informes
emanados del Registro de la
Propiedad no indicaban anomalías.
Todos ellos, en una práctica descarnada,
fueron sometidos a una especie de anticipada condena y elemento de coacción que
intentaba inducir la autoincriminación con apresuradas prisiones preventivas.
La febril imaginación acusadora mostró
pruebas inconsistentes e infantiles; magnificó relaciones casuales y
funcionales que pasaron a ser determinantes, presionó con la tortura del
confinamiento, las rejas, el quebranto económico y la disociación familiar para
dar sustentabilidad al capricho emergente de la politizada obediencia debida.
Hubo condenas, exagerados montos de caución
que los erigían en imposibles de aportar, oídos sordos a instancias y consejos
de entidades calificadas y toda una gama de descréditos e injurias hacia
quienes permanecían en el purgatorio de Bouwer esperando nada más que justicia,
pero que llegara con los ojos vendados y sin dependencia.
En este sano afán periodístico de no ser
defensor, fiscal, juez ni verdugo, se llegó -como a veces lo confiesan quienes
juzgan- a la íntima convicción profesional del error no por torpeza sino por la
participación de componentes extraños a la justicia que podían llegar a ubicar
la marcha de la causa en el cenagoso terreno de la duda.
Con curiosas idas y venidas, omisiones,
actitudes inéditas y burdas descalificaciones, esta cuestión arribó al punto
cúlmine del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resolvió el
planteo incoado por una de las víctimas de la prisión preventiva: debían
devolverles la libertad mientras las sentencias no estuvieran firmes o fueran
partícipes de la causa aún en trámite.
La pomposa “comisión especial” creada para
aplicar la ley debió rendirse ante la resolución del superior, desactivar los
candados y devolver al seno de la sociedad a todos aquellos que habían sido
encarcelados por las dudas o por una endeblez probatoria de alarmantes
características, como por ejemplo figurar en la agenda de alguno de los
acusados o haber intercambiado escasas llamadas telefónicas administrativamente
necesarias, en uno o dos años.
No es la cuestión defender, acusar, juzgar o
condenar desde afuera.
La
Cámara juzgadora, sin la presencia de ninguno de los fiscales
intervinientes anunció el martes pasado las
sanciones y un par de absoluciones.
Los castigados convencidos de su propia
honradez seguramente apelarán las sentencias y seguirán batallando en esta
causa por tiempos impredecibles.
Es indiscutible que los declarados culpables
por consistencia probatoria con ajuste a la ley merecen la prisión y deben
responder pecuniariamente por el daño causado.
El drama está en los exculpados, inocentes
por unanimidad, que debieron soportar años de encierro, la pérdida de su
trabajo, su anulación profesional, el escarnio social, el desmembramiento
familiar, el lucro cesante, el emergente quebranto económico, los elevados
gastos en defensores y otras inmerecidas penurias.
¿Será que existen otros casos como los
absueltos?
La libertad es un cristal de solemne y sacra
fragilidad.
La justicia lo quebró y le será imposible
remendarlo.
Nadie bebe el néctar de su triunfo sobre la
oscuridad, en una copa rota.
Truman Capote fue contundente al afirmar que
“Es imposible que un hombre que goza de su libertad, se haga cargo de lo que
significa estar privado de ella”.
Ni todo el oro del mundo vuelve las agujas
de los relojes, cura las injurias ni borra la ominosa imagen de las rejas
impuestas por la injusticia, el empecinamiento o el verticalismo funcional.
El alma humillada no sabe de cicatrices.
Es la calidad y la calidez del cristal
invicto que fuera, lo que ahora y por siempre serán añicos de escarnio y
menosprecio.
San Agustín fue menos contemplativo y
poético que Capote, al proclamar que “Sin la justicia, ¿qué son los reinos sino
una partida de salteadores?”.
La verdad, no merecemos ser resignados
súbditos de ese reino.
¿DEMORA DE 6 MESES O MALTRATO?
La inhumana, absurda e inaceptable medida
aplicada a los jubilados provinciales que deben esperar seis meses para cobrar
la actualización de sus haberes, más que inscribirse en la antología de la
caradurez política, representa un golpe bajo a uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad.
El argumento que cobran monedas envilecidas
por la inflación ya está gastado, percudido y desactualizado debido a su tenebrosa
vigencia y sin soluciones a la vista.
Con un gobernador que solo habla en Buenos
Aires donde no lo conocen y en Córdoba con los periodistas que elige, a cuyos
medios aporta la generosidad de su pauta publicitaria oficial, ya se está
viendo cuál será la salida que se concretará con un mal disimulado decoro y
maquillada como obra de bien en el marco de una demanda justa.
Como quiere ser presidente, o que al menos
se lo conozca sin mácula fuera de Córdoba, el inventor del hipócrita
cordobesismo avanzará en su campaña y como golpe de efecto, anunciará el
regreso a la normalidad en las liquidaciones a los pasivos, cuando su
calendario preelectoral se lo aconseje.
O sea que los jubilados, seguramente contra
la voluntad de la mayoría, serán carne proselitista, para lo cual habrán pagado
un alto precio de postergación e indiferencia.
Los usaron en su momento para equilibrar el
desmanejo de la Caja
de Jubilaciones, y los volverán a usar ahora, para una ambiciosa como utópica
aventura presidencialista.
DAÑINA PIROTECNIA
Si no me equivoco, existe una ley que prohíbe
el uso de pirotecnia en la vía pública, restricción referida obviamente a las
manifestaciones de protesta que tanto hartan a la ciudadanía y perjudican al
sector comercial.
El tema no es prohibirlas porque es un
derecho consagrado por la
Constitución, pero la misma Constitución consagra el derecho
ciudadano de circular libremente sin ser obligados testigos de la violencia, el
vandalismo y la prepotencia.
Usar pirotecnia es peligroso, dañino,
conmocionante y agresivo para la gente y a quienes la usan sin pudor y sin
medida poco les importan las consecuencias que sufren los vecinos, totalmente
desprotegidos por esas agresiones que se perpetran junto a un ridículo, pasivo
y sorprendente acompañamiento policial, transformado en encubridor de un
delito.
Días pasados una mujer joven sufrió lesiones
por el descontrol en las calles, porque los manifestantes utilizan sus
poderosas bombas como armas ofensivas, que tienen como blancos preferidos las
vidrieras, la policía y los camarógrafos y fotógrafos que documentan esos
desmanes.
El día que aprendamos a protestar
civilizadamente, será que hemos madurado como sociedad.
Mientras esto no ocurra, la dirigencia
sindical, el Estado falsamente protector y la policía con su omisión de actuar
ante la flagrancia de un delito, deberán pagar por su irresponsabilidad.
Y otra cosa: ¿para qué los legisladores
elaboran y aprueban leyes, sabiendo que no se aplicarán?
A ellos les corresponde asumir su condición
de ilusos.
Aunque dudo que todos lo sean.
LA MUNI: LOS CONCURSOS, PIPA DE LA
PAZ
Este meneado asunto de los concursos para el
ingreso a los envidiables puestos de trabajo en la Municipalidad de
Córdoba, que para muchos son solo de asistencia y no siempre, viene adquiriendo
calidad de sainete.
Que se dieron por adelantadas las respuestas
a los exámenes, que las plazas ya estarían asignadas, que lo que se divulgó era
solo una guía para los candidatos, que todo es transparente y otras
alternativas que ocuparon la atención de la opinión pública.
Los concurso se harán, fue la postura
unánime tanto de las autoridades comunales como del gremio comandado por el
eternauta Rubén Daniele.
Y si coinciden tanto así, es como para
pensar que lo hacen por una simple cuestión de mutua conveniencia.
El joven intendente blanquea los exagerados
ingresos desde años atrás y el fogoso dirigente asegura un estado de
conflictividad cero, muy distinto al actual, de conflicto saltarín que lo hace
permanente.
Todos contentos.
Menos los vecinos, convidados de piedra en
una disputa que solo aporta perjuicios, caos, precariedad de servicios, mayor
presión impositiva y otras carencias desde hace tiempo insuperables.
Será el tiempo, insobornable e inmanejable,
quien decida cuándo la ciudad entrará al menos en un camino hacia su
normalización, si eso depende de la cantidad y la capacidad de los que sean
responsables de llevarnos a ese estado ideal.
Es tan visible el pacto de no agresión
recíproca, que no habrá explicaciones ni voceros que sean creíbles cuando
pretendan justificarlo de cualquier manera.
Lo importante, que el llamado no sirva para
que como siempre se hizo a dedo, no siga aumentando la planta de personal y
sigamos teniendo una ciudad decadente.
Tan decadente y caótica como la padecemos ahora.
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