Desgrabación de los comentarios del periodista Gonio Ferrari en su programa “Síganme los buenos” del 08/05/16 emitido por AM580 Radio Universidad de Córdoba.
LA DESPIADADA RAPIÑA EN EL EX PAMI
Y pensar que hay viejitos cuyos familiares se hartaron de mendigar una silla de ruedas, medicamentos, prótesis y otros elementos, por lo que incluso debieron acudir a medios periodísticos procurando que la bondad o la lástima de algún oyente o televidente plasmara una necesidad que el “Estado protector” sistemáticamente les demorara o negara.
Escuchábamos la profusa propaganda oficial y provocaba gusto y satisfacción saber que uno de los segmentos más vulnerables de la sociedad recibía adecuada atención que se plasmaba en remedios sin cargo, pañales, etc. con lo que aseguraba -lo decían los anuncios- el merecido bienestar para la tercera edad y aún más allá de esa franja etaria.
Y como otro de los buzones que nos vendió la rastrera insensibilidad de muchos funcionarios desde principios de este siglo, nos desayunamos una década y media después que eran más las fantasías que la imperiosa solidaridad que reclamaba aquel sector siempre postergado, compuesto por quienes tuvieron la mala fortuna del desprecio recibido, cuando por gratitud y como en otras culturas no tan avanzadas se debe a los ancianos; a los que dejaron de ser laboralmente útiles para pasar a transformarse en destinatarios de marginaciones y olvidos.
Hay que ser muy perverso y mal nacido para aprovecharse de quienes no saben o no pueden defenderse y llegar al gravísimo delito de esconder elementos vitales o “inventar” la existencia de clínicas fantasmas a través de las cuales robaban a mansalva.
En varios depósitos de la ex obra social de los jubilados nacionales encontraron más de ¡16 mil sillas de ruedas! ya corroídas por el herrumbre, cajas y cajas de medicamentos vencidos y expedientes con el trámite de dudosas prestaciones a cargo de establecimientos para la atención de la salud, que no existían.
El nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, hizo una presentación judicial y señaló entre otros conceptos que "durante 10 años se montó una estructura de robo sistemático al PAMI", asegurando haber encontrado gravísimos casos de corrupción.
Su antecesor, el kirchnerista Luciano Di Cesare, no puede alegar que los desconociera ya que "hubo auditorías que denunciaban estas irregularidades que fueron ignoradas", dijo Regazzoni. El nuevo funcionario aseguró asimismo que "a lo largo de los últimos diez años, las personas jubiladas de los sectores más pobres del país son las menos favorecidas", y apuntó que durante ese período "la tasa de mortalidad fue inaceptablemente alta". "Tres millones de personas fueron las más abandonadas", precisó.
Eso no fue todo, porque salió a la luz el “funcionamiento” de dos clínicas inexistentes que pese a eso le facturaban al PAMI 25 millones de pesos por internaciones “fantasmales”, demostrando así que durante una década se montó una estructura de robo sistemático, subrayando Regazzoni que “el kirchnerismo contrató falsamente auditorías millonarias para desviar el dinero: "Se usaba el control para robar".
Si hacemos una apreciación necesariamente subjetiva, tomando el valor de la vida y del respeto a los mayores con mayor importancia que el dinero físico o el virtual que se manejan en los robos para rebalsar bóvedas, o en los desvío de evasiones impositivas a los paraísos fiscales, dejemos atrás el desequilibrio de los números para intentar rescatar del olvido y la ignominia a los jubilados, víctimas del saqueo y la perversidad.
Para ellos que en lugar de atención y cariños el sistema los maltrata con la desatención o la indiferencia, son tan ajenas las alternativas de la guerra de acusaciones entre los que vinieron y los que se fueron porque los viejos –y todo lo que representan como símbolo- están por encima de esas cuestiones intrascendentes que no hacen a la perdida calidad de vida.
La rapíña inhumana, aleve y despiadada debiera tener un artículo aparte en el capítulo de los delitos imprescriptibles, porque son un permanente atentado contra la vida de quienes el Estado más debiera proteger.
Y si desde arriba durante tanto tiempo se miró hacia otros rumbos o se cayó a la voluntaria y vil ceguera, que los actuales gobernantes tomen conciencia de una sentencia de Chamfort: “La perversidad de las costumbres desciende de los palacios a las chozas”.
¿HASTA CUÁNDO LA PREPOTENCIA DE LA UTA?
Es como si la autoridad no existiera y si existe, es como si la despreciaran de tal manera que la transforman en utópica, lamentable y ausente, que comete el insalvable pecado de abandonar a la sociedad.
¿Quién tiene la obligación de garantizar la prestación de un servicio público, si no es el poder concedente?
En la práctica el servicio se cumple no cuando la autoridad hace respetar los postulados de la concesión, sino cuando al gremio de los choferes se le ocurre, metiendo a la sociedad, con un elevado costo, en una interna sucia donde se dirimen liderazgos que deben ser muy atractivos, como para apelar a cualquier recurso con tal de llegar a ese objetivo o mantenerse en la cúpula.
Al transporte de Córdoba lo manejan a su antojo y capricho los empresarios del sector, generalmente -y los hechos penosamente lo están demostrando una vez más- con la connivencia sindical y la ausencia institucional de la Municipalidad por una parte, el gobierno de la provincia por la pachorra de su área de Trabajo y la Justicia por no actuar de oficio frente a los delitos que se cometen en sus narices.
Los cordobeses ya agotaron su paciencia y es como si hubieran entrado a una especie de resignación que es uno de los estados más peligrosos, porque suele ser el umbral de hechos irreparables al despertar la justa reacción ante el abandono por una parte y la mafiosa prepotencia por la otra, que llevan a la consumación del escarmiento.
Es además una demostración cabal de la inoperancia del poder político, por cuanto las autoridades comunales vienen luchando y perdiendo contra dos factores que la desequilibran, como son el estado de conflicto permanente que plantea y concreta el SUOEM, y el vandalismo de la dirigencia gremial del transporte, a la que solo le interesa lo que acontece hacia adentro, donde cada uno procura ser más combativo a costa del sacrificio de los usuarios, quienes mantienen este perverso sistema.
La situación impone soluciones drásticas dentro de la legalidad y no las ausencias que se observan, debidas a la mala praxis de las autoridades que no resuelven una salida definitiva a este lamentable estado de cosas.
La gente paga impuestos para que la atiendan.
No para que la abandonen.
DROGAS: LLEGAR HASTA EL HUESO O NO SIRVE
Sorpresa, desazón, incredulidad, indignación, fueron algunas de las reacciones que provocara el tema que originalmente se presentó como un escándalo mayúsculo, en la relación entre la autoridad y las abiertas e impunes actividades del narcotráfico en Córdoba.
En una ensalada de protagonistas se mezclaban dudosas actuaciones de la autoridad, complicaciones en la Justicia, testigos esporádicos que desaparecían como por arte de magia, el umbral de una carrera política basada inicialmente en investigaciones pretendidamente serias y otros elementos que terminaron, vaya paradoja, en el momentáneo cierre del escenario donde se llevó a cabo un juicio demasiado particular.
Todo esto en cuanto a lo formal, dejando incluso de lado las probables derivaciones de esta cuestión para cuando se conozcan los fundamentos del fallo que aplicó sanciones leves y absolvió a algunos de los acusados, cuando desde algunos sectores y desde la propia comunidad se aguadaban penas más severas.
Eso por ahora ya pasó, vinieron los cuestionamientos cruzados y la polémica quedó instalada sobre varios aspectos del proceso llegándose a cuestionar incluso los procedimientos, llamémosles periodísticos, que se utilizaron hasta el cansancio para la obtención de algunos testimonios que según entendidos en la materia, habrían estado prolijamente preparados, libreteados y editados.
Y un testigo casi fantasma, supuestamente vinculado con los servicios de inteligencia, que desapareció.
Pero es ahora cuando surge el interrogante inexcusable, lógico y atendible: ¿Sirvió para algo todo ese sainete en el que se mezclaron policías, fiscales, jueces, un periodista con hambre de notoriedad y espacio dentro de la política, mercaderes de la muerte, distribuidores, estiradores, cocineros y vendedores al menudeo?
Porque si lo más trascendente para la sociedad es la lucha contra un narcotráfico de imparable crecimiento, puede que todo un largo proceso no haya servido para nada y lo peor, utilizado para empiojar una situación ya comprometida e inmanejable para las autoridades.
Es hora de obrar con seriedad, sin ataduras políticas ni económicas, sin encubrimientos, amiguismos ni intereses subalternos como todos los que vemos que van apareciendo.
Muy probablemente los de mi generación no alcancemos a ver el triunfo del bien y de la ley, por sobre quienes están malogrando a más de una generación de argentinos incorporándolos al consumo desatado.
Que quienes mandan tengan entonces la grandeza del compromiso para los que vendrán, porque ningún argentino bien nacido puede sentirse feliz de haber contribuido a la consolidación de un desastre social, como lo es la instauración del narcoestado.
De esa alucinante certeza y como vienen las cosas, no estamos tan lejos.
LA MEGACAUSA
Si el precepto “in dubio pro reo” es no condenar a alguien ante la duda para no cometer una injusticia, grandísima fue la sorpresa cuando, al interiorizarme de la causa, me encontré con una decidida intención de fabricar culpables.
Es lamentable ver cómo alrededor de cada “supuesto hecho” resultan acusados y condenados todos los que por casualidad hayan pasado cerca. ¿Qué culpa puede tener una secretaria de escribanía que se limitaba a cumplir con su trabajo de recibir clientes o entregar y retirar papeles por encargo, acordes a su puesto de empleada y no de partícipe de una estafa?
Y como ella desfilan el que vendió un celular, el que llamó para consultar porque leyó un aviso en el diario, la esposa, los hermanos, los tíos, los primos, los compañeros de cátedra, los de trabajo, los de la agenda, los contactos del teléfono y muchos más en una inagotable imaginación destinada a acrecentar el número de castigados.
Más aún, la incoherencia desafía al sentido común al ver un matrimonio condenado por intentar apropiarse de un terreno que la misma sentencia dice que en realidad es de ellos y se los devuelve.
Es inevitable sentirse movilizado cuando de la lectura de unas y otras causas se puede percibir, aún sin ser experto en el tema, que mucha gente es muy probablemente inocente. Y si es claro para quien poco sabe, más obvio debiera ser para la justicia.
Sin embargo no es así y los imputados han sido condenados como vaca en matadero. Apena ver a gente común perder su trabajo, sus pocos pesos, su libertad y hasta su salud sin haber cometido delito que lo mereciera.
No cabe en la cabeza qué interés puede justificar tantos sacrificios.
Puede conjeturarse un delirio paranoico de alguno, motivo por el que muchos países están incluyendo un examen psicológico que determine la idoneidad de los funcionarios, compromiso de cualquier otro o cientos de especulaciones posibles.
Es un hecho, y ha quedado objetivamente establecido, que ante la mirada de los de afuera, la causa no resiste el menor análisis, lo que constituye suficiente aliciente para seguir bregando por justicia.
Soy periodista y no soy defensor, fiscal, juez ni verdugo y me vengo ocupando de este tema desde hace por lo menos tres años por una razón muy simple: quiero que se conozca la verdad real, y no la que a veces se dibuja.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Durante la pasada semana fue recordado el Día de la Libertad de Expresión y viene al caso señalar que suele ser un argumento de los gobiernos autoritarios, sostener que le esta otorgando a los medios periodísticos y a los periodistas, y por ende a la ciudadanía, el beneficio o la gracia de poder decir lo que se les antoje.
La necedad está en que ningún gobierno debiera asumir esa temeraria potestad, porque la verdad sea dicha, es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional y es básico en los genuinos sistemas democráticos.
Si desde el poder se pregona la generosidad de dejarnos opinar o hablar, es cuando más se esconde la censura disfrazada de varias sutiles maneras, como son el condicionamiento económico a través de la pauta publicitaria, la discriminación a la hora de informar o el perverso y tan aplicado sistema de premios y castigos.
Existe entre nosotros y ya es conocida por su práctica habitual, la malsana costumbre oficial de suponer que con la onerosa y por lo general inoportuna publicidad de los actos de gobierno, que es un disfraz de promoción partidaria, se compran aplausos. O que con los montos exagerados que se destinan a los medios de mayor audiencia, se pagan silencios.
Ambas posturas, en definitiva, son dos de las visiones que nos aporta esa insuperable vocación por la hipocresía que caracteriza a muchos de nuestros políticos, y más aún cuando manejan eso tan sensual que es el poder.
Después de todo, el hecho de sentirse salvajemente libre está en cada uno de nosotros, con una sutil diferencia: los que tomamos esa actitud como una forma de vida, y los grises que al quedar bien con Dios y con Satanás, creen que transmiten una imagen de libertad.
Y a la hora de hablar de libertad de expresión, mi abierto desdén profesional hacia aquellos que se dicen colegas, enrolados antes de la derrota y firmes ahora por su postura negadora, en esa curiosa figura del “periodismo militante”, cuando solo fueron y persisten en su actitud de exagerados propagandistas de un modelo que fracasó en las urnas, pese a lo cual no asumen la realidad.
Por suerte, nos conocemos todos.
LOS FEMICIDIOS EVITABLES
Cuántos casos se han dado en los últimos días, es el mejor reflejo de lo que se hace, lo que se intenta hacer y lo que no se hace para terminar o al menos disminuir la crónica roja de las mujeres muertas en tantas situaciones de malos tratos que culminan en femicidio.
Las estadísticas ya no importan porque en su momento, tampoco de nada sirvieron para levantar en las autoridades responsables, el rojo de la alerta creciente.
Y en este país de las soluciones pós mortem en muchos aspectos, ni siquiera las tantas muertes hicieron aumentar la dinámica de los organismos encargados de atemperar los efectos de esta ola asesina.
¿Por qué puede gozar de libertad una persona acusada de más de 20 hechos de violencia contra su pareja?. El final previsible y menos deseado se dio porque nadie actuó a tiempo para evitarlo.
Después, demasiado tarde hasta para las lágrimas, se desató una cacería absurda buscando a sospechosos en un tardío intento por cubrir falencias operativas, porque cuando se imponían acciones directas y preventivas, no se tomaron.
Con todo el respeto que me inspira la Justicia, como ciudadano me veo en la obligación de exigirle eficiencia y responsabilidad, actuando ante el primer amago de agresión en cualquiera de sus formas, contra una mujer por parte de ex maridos, ex convivientes, ex novios o actuales de los mismos estados de relación.
Tampoco es cuestión de histeriquear ante tonteras o situaciones claramente superables, pero la violencia cuando se inicia y no encuentra contención llega a límites no deseados así sea no tan solo física sino síquica en todas sus variantes.
Lo más penoso de estas situaciones con finales sangrientos, es que muchas de ellas pudieron haberse evitado con sólo usar la cabeza, ponerse en el lugar de la víctima de las amenazas y obrar en consecuencia.
Y si es necesario modificar las leyes que de algún modo benefician a los agresores potenciales, para eso están los legisladores y no tan sólo para levantar sus manos cuando se los ordena el partido o su gobierno.
Es penosamente injusto que nadie frene tanta barbarie.
¿UN NUEVO ESTILO POLICIAL?
Vehículos más chicos y agiles, atractivas motos, uniformes casi cinematográficos que antes veíamos solo en las series de la TV y otros elementos técnicos, están aportando una nueva imagen, al menos en lo externo, de la policía cordobesa.
Sin dejar de sostener que de nada valen los aportes en tecnología, uniformes, armamento, patrulleros, comunicaciones y recursos humanos sin que exista una auténtica política de seguridad, es al menos un síntoma de que se intenta cambiar las cosas.
Con la esperanza que esos cambios no se limiten a lo externo sino que comprendan al interior de la fuerza, la ciudadanía no sale de su estupor al advertir el desmesurado crecimiento de los hechos delictivos, aunque se busque de mil maneras disminuir esos números que hablan con su propio lenguaje de terror.
Lo básico y más trascendente, si de cambios se trata, sería que los efectivos no estuvieran en las comisarías con los vehículos inmovilizados, sino que recorrieran no tan sólo el centro donde más gente los vé, sino en los barrios y suburbios alejados, donde los delincuentes saben que no serán molestados.
La interacción con otras policías debe servir para intensificar -si es lo que se quiere hacer- la lucha frontal contra el atroz crecimiento del narcotráfico tanto en su ingreso a la provincia, su estiramiento, las cocinas, los distribuidores y los kioskos barriales dedicados al menudeo, sin dejar de lado el reparto que se hace en motos y automóviles, que abrazaron el estilo delívery de las pizzas, los lomitos o las empanadas.
De nada servirá lavarle la cara a la policía y vestirla de modernidad si no se destierran de su cuerpo las viejas y rentables componendas con el hampa, en rubros tan delicados y sensibles como el juego clandestino, la prostitución y especialmente el comercio de estupefacientes.
La policía no debe ser una fuerza donde los honestos sean las moscas blancas, sino que moscas del color de la honestidad deben ser todos.
No es justo que por un puñado de corruptos, sea imposible levantar una imagen que tiempos atrás eran modelo de corrección y eficiencia, como nunca debió dejar de ser.
El compromiso no es solamente de los juanes y de las jerarquías inferiores, sino de la cúpula y del gobierno provincial.
La buena policía es una obligación que todos deben asumir como un compromiso con la sociedad a la que están obligados a proteger.
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