CAOS URBANO: FALTA DE AUTORIDAD Y JUSTICIA SELECTIVAMENTE DISPLICENTE

Si a cualquier ciudadano se le ocurriera, en un ataque de ira o de locura romper un vidrio de una propiedad privada a la vista de un policía, seguramente iría a parar a la cárcel por lo menos, luego de pasar por el ritual “del pianito”, que es cuando le pintan los dedos.

Y algún diligente fiscal se encargaría de formular la acusación en nombre del Estado, porque para eso están, aunque a veces sugestivamente no están.

Se pueden contar por decenas los delitos cometidos por muchos descerebrados activistas de la UTA, estimulados en base a birra, fernet u otras sustancias y es cuando uno se pregunta a dónde fueron llevados por la fuerza pública por lo menos para que dejaran de hacer daño a las personas, a la propiedad privada y al mobiliario urbano que es de todos, incluso de ellos.

La policía que siguiendo órdenes absurdas solo acompaña para que nadie ose defenderse de tamaño vandalismo, mira hacia cualquier parte, escandalosamente, como si nada anormal estuviera ocurriendo.

Los sucesos más graves, acaecidos a dos o tres cuadras del Palacio de Tribunales, sucedieron y fue como que no existieran para nuestra amodorrada y políticamente dependiente Justicia.

Varios grupos de exaltados, dañinos y patoteros que habían cortado el tránsito en estratégicas esquinas, se hartaron de burlar las leyes que amparan al resto de la gente y la fuerza del derecho naufragó estrepitosamente, porque unos pocos vulneraron derechos ajenos y mayoritarios que el Estado tiene la obligación de tutelar.

Los caprichos no se combaten con otros caprichos.

Los caprichos que generan conflictos inmanejables, solo son posibles de neutralizar con la vigencia del principio de autoridad, siempre que se tenga una buena espalda y no se le tema a eso tan absurdo que los especuladores le llaman “costo político”.

Los violentos de la UTA ganaron las calles, coparon las esquinas, dañaron a mansalva, lastimaron y robaron a la gente, porque no hubo autoridad que se los impidiera, ni justicia que impusiera el rigor que a veces dilapida en otras situaciones de mucha menor gravedad.

Esos dirigentes, que se llenan la boca tratando de “compañeros trabajadores” al resto de la masa laboral cuando los necesitan para decretar un paro general, se mofan de ellos sabiendo cuánto los perjudican robándoles indirectamente los premios al presentismo y a la puntualidad que los choferes manejan a su antojo, por obediencia debida, angurria u oscuros acuerdos con las patronales.

Son los mismos choferes que después mariconéan cuando la gente en defensa propia los insulta, y agradezcan que los usuarios siguen conservando una calma que puede romperse en cualquier momento para que, como decía Perón, hagan tronar el escarmiento.

Sugestivo también el silencio de los gremios que nuclean a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, por abandonarlos en una situación tan crítica.

Esos gremios se preocupan más si Menéndez los mira feo que cuando sus socios, los activistas de la UTA, les impiden trabajar, los insultan, los golpean o dañan sus elementos de labor.

Bueno sería que los periodistas -ellos, independientemente de los medios en los que trabajan- acordaran no cubrir nunca más las reuniones a las que son convocados por ese gremio cuyos seguidores tanto los agreden, cuando la dirigencia necesita hacer conocer sus proyectos, sus demandas o cualquier información.

Esta actitud la debieran tomar mis colegas mientras no gocen de las garantías necesarias para desempeñar sus tareas y hasta que medien formales pedidos de disculpas, acompañadas de la reposición del material dañado.

A los violentos no hay que darles ninguna ventaja, pero parece que la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia y su policía y la Justicia, no piensan de igual manera.

Porque son ellos, y nadie más, los responsables de la crisis de autoridad que se ha fortalecido entre nosotros.

El caos en que vivimos no tiene otra explicación.

Esto, con perdón de la mesa, no es para cagones.