Más que ayuda es un ultraje

ES UNA MALDICION QUE A LAS

VICTIMAS DE ALTA CORDOBA

LES “REGALEN” MAS DEUDAS

Mientras se gastan camionadas de plata con la

intención de instalar nacionalmente la figura del

inventor del cordobesismo, las víctimas de Alta

Córdoba no pueden creer que sea cierta ni seria

la idea de ser beneficiadas con la insolencia de

una nueva deuda que en lugar de dignificarlos

frente a la desgracia, les suma preocupaciones

a las que ya tienen. La provincia demuestra así

que cuenta con una selectiva inclinación por el

disparate y la extravagancia en el manejo de su

presupuesto. Anteponer la campaña por encima

de la innegociable solidaridad, no es argumento

ideal a la hora de salir en la búsqueda de votos.

Los argentinos sin dudas, tienen en su idiosincracia un distintivo característico, que es el de la memoria corta y discriminatoria siempre ajustada a la conveniencia individual, porque también esa postura suele ser acompañada por un componente de egoísmo.

No es posible entonces entender como acertada, la intención de “ayudar” a las víctimas de Alta Córdoba con créditos bancarios, por más ventajosos que sean sus montos, intereses y plazos porque no es otra cosa que regalarles una deuda que no merecen, por algo de lo que no son culpables y que deberán afrontar fuera de toda previsión.

Lo que imponen las penosas y apremiantes circunstancias, es un despertar del sentido solidario por parte del gobierno provincial, ahora más enfrascado en posicionar al mentor del cordobesismo en su aventura presidencialista que venimos solventando todos los cordobeses, compartamos o no el pensamiento político y el enfoque ideológico del Sr. Gobernador, que en los últimos meses ha viajado más que Chébere, Jean Carlos y la Mona juntos.

¿Se pretende acaso, con una medida tan errada, zafar de un sentimiento de culpa?

El establecimiento arrasado por la propia imprudencia de sus empresarios no fue colocado allí por los vecinos; ellos se cansaron de protestar por su absurdo asentamiento en el corazón de manzana, por los efluvios y otros síntomas de que algo no andaba bien y sin embargo una planta industrial en plena zona residencial no generó -al entender de la gente- ni un mísero llamado de atención o el emplazamiento para dejar ese lugar igual que se hiciera con Dioxitec.

La fábrica que explotó estaba allí porque las autoridades lo permitieron y ahora pretenden liberarse de su responsabilidad intentando comprar silencios con créditos, préstamos o como le quieran llamar a esos dineros que seguramente tenían otros destinos, que el de morigerar las consecuencias de la propia indiferencia e insensibilidad oficiales.

Con solo una parte de las enormidades que se gastan en la aventura de sentar a De la Sota en el principal despacho de Balcarce 50, bien se podría construir todo lo que habrá que demoler y reparar las propiedades afectadas que se mantienen en pie.

Cada casa -dicen- es un universo y la provincia tiene la obligación

moral y cívica de equiparlas de la misma manera que lo estuvieran antes del desastre del cual sus propietarios -bien vale reiterarlo- no tienen ninguna culpa porque el error de su emplazamiento y la omisión del control es atribuible exclusivamente al Estado provincial, responsabilidad compartida con la comuna capitalina.

¿El propietario de la empresa?

Ya se encargará de negar anormalidades, de declarar que no conocía la existencia de sustancias peligrosas allí almacenadas, contratará uno o dos abogados de renombre y huirá hacia adelante ayudado por el paso del tiempo y la seguridad de la desmemoria colectiva.

Porque si es decente y honesto, ya tendría que haber pelado su chequera para acudir en ayuda primaria de sus víctimas.

A menos que algunas de las sustancias cuestionadas -la gente a veces es mala y comenta- hayan servido para fines muy alejados de objetivos industriales, sino para la elaboración de productos más emparentados con el vicio que con la metalurgia, la minería u otros rubros.

La prisa por volver a la normalidad es acuciante y no admite dilaciones, razón por la cual el gobierno provincial, la municipalidad y la Justicia deben entender que el reloj de la angustia es más veloz que la pachorrienta y enfermante burocracia que los caracteriza.

Ellos, las autoridades, no sufrieron como muchos lo actuaron, aunque haya lágrimas de cocodrilo para exportar.

Los vecinos víctimas de los desaciertos, los derroches y las tardanzas, son los que dejarán de lado su memoria corta cuando dentro de un año, para lo cual no falta tanto, estén frente a las urnas.

Gonio Ferrari