LLARYORA TEXTUAL: “NO HAY CONDICIONES
PARA DEVOLVER EL 82 % A LOS JUBILADOS”
Aunque la verdad sea dicha y las jubilaciones
cordobesas hayan superado la dolorosa mezquindad de lo que se paga a nivel
nacional, a quienes por tanto tiempo aportaron al Estado provincial para que lo
administrara, tal situación no cicatriza la profunda herida que a los adultos
mayores le aplicara el cordobesismo, mientras afectaba abultadas partidas
presupuestarias para el pago de insumos, obras y compromisos inoportunos y no
prioritarios.
Desde el poder se inclinaron por el gasto en todo aquello que se ve, que luce, que puede esperar y todo con miras a esa sensual postura de no dejar en otras manos la batuta de la costosa orquesta que dirije.
Salud, educación, justicia, seguridad y otros rubros sensibles siguen en la espera de presupuesto que les permita optimizar sus prestaciones, aunque se construyan hospitales, se amplíen rutas, se tiendan puentes, se remienden escuelas o se asignen exageradas sumas de dinero para comprar armas y equipamiento policial y material tenuemente represivo, mientras la delincuencia y el narcotráfico se ufanan de violar las leyes frente a la desorientación total de quienes antes de gastar y prometer, debieran exigir que la Unicameral se encargue de legislar, instaurar y hacer controlar la aplicación de una política integral de seguridad, que termine con el impune reinado del hampa y la angustia del pueblo cordobés.
Y una de la situaciones más inquietantes la padecen miles de jubilados provinciales a quienes poco tiempo atrás, por una alquimia matemática e interpretación errónea o caprichosa de los derechos que les asisten, modificaron el sistema de liquidar los beneficios, llevándolos a creer que cobraban un 82 por ciento móvil cuando en realidad escasamente se supera el 70 por ciento, lo que sumado por tantos casos, representa una cifra enorme de la que se sirve el gobierno para otros gastos o “inversiones” como lo son las exageradas sumas afectadas a publicidad -dicen que “de actos de gobierno”- cuando en realidad forman parte de las campañas proselitistas con miras precomiciales.
Los reclamos de jubilados y pensionados frente a tal contingencia adversa no han prosperado debido al escaso “poder de fuego” de los postergados para hacerse escuchar, lo que se suma al brutal endeudamiento provincial en moneda extranjera que los cordobeses deberemos pagar a través de los mecanismos tributarios, cada vez más exigentes.
Tenemos el transporte público más caro del país, al igual que las tarifas eléctricas y otros servicios, lo que disminuyo la capacidad de pago de un segmento social postergado, agredido y no escuchado.
Ahora, como cubriéndose de una eventual situación que le obligue a devolver lo saqueado, quien ya se siente con el ropaje de gobernador buscó curarse en salud y perpetró un sincericidio, al sostener mediáticamente que el cordobesismo no está en condiciones para devolver aquel histórico 82 por ciento que fuera esquilmado a los pasivos provinciales.
Resumiendo, todo un injurioso símbolo de desprecio frente a quienes poco tienen para defenderse.
Salvo con el voto, claro…
PARA DEVOLVER EL 82 % A LOS JUBILADOS”
Desde el poder se inclinaron por el gasto en todo aquello que se ve, que luce, que puede esperar y todo con miras a esa sensual postura de no dejar en otras manos la batuta de la costosa orquesta que dirije.
Salud, educación, justicia, seguridad y otros rubros sensibles siguen en la espera de presupuesto que les permita optimizar sus prestaciones, aunque se construyan hospitales, se amplíen rutas, se tiendan puentes, se remienden escuelas o se asignen exageradas sumas de dinero para comprar armas y equipamiento policial y material tenuemente represivo, mientras la delincuencia y el narcotráfico se ufanan de violar las leyes frente a la desorientación total de quienes antes de gastar y prometer, debieran exigir que la Unicameral se encargue de legislar, instaurar y hacer controlar la aplicación de una política integral de seguridad, que termine con el impune reinado del hampa y la angustia del pueblo cordobés.
Y una de la situaciones más inquietantes la padecen miles de jubilados provinciales a quienes poco tiempo atrás, por una alquimia matemática e interpretación errónea o caprichosa de los derechos que les asisten, modificaron el sistema de liquidar los beneficios, llevándolos a creer que cobraban un 82 por ciento móvil cuando en realidad escasamente se supera el 70 por ciento, lo que sumado por tantos casos, representa una cifra enorme de la que se sirve el gobierno para otros gastos o “inversiones” como lo son las exageradas sumas afectadas a publicidad -dicen que “de actos de gobierno”- cuando en realidad forman parte de las campañas proselitistas con miras precomiciales.
Los reclamos de jubilados y pensionados frente a tal contingencia adversa no han prosperado debido al escaso “poder de fuego” de los postergados para hacerse escuchar, lo que se suma al brutal endeudamiento provincial en moneda extranjera que los cordobeses deberemos pagar a través de los mecanismos tributarios, cada vez más exigentes.
Tenemos el transporte público más caro del país, al igual que las tarifas eléctricas y otros servicios, lo que disminuyo la capacidad de pago de un segmento social postergado, agredido y no escuchado.
Ahora, como cubriéndose de una eventual situación que le obligue a devolver lo saqueado, quien ya se siente con el ropaje de gobernador buscó curarse en salud y perpetró un sincericidio, al sostener mediáticamente que el cordobesismo no está en condiciones para devolver aquel histórico 82 por ciento que fuera esquilmado a los pasivos provinciales.
Resumiendo, todo un injurioso símbolo de desprecio frente a quienes poco tienen para defenderse.
Salvo con el voto, claro…
Gonio Ferrari
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