Desgrabación de los comentarios del periodista
Gonio Ferrari en su programa “Síganme los buenos” del domingo 14/05/17 emitido
por AM580 Radio Universidad de Córdoba.
NADA DE DOS POR UNO PARA NADIE
En la humana
percepción de la ley y su aplicación, intervienen factores que a veces se hace
complicado conciliarlos, como son los emotivos por un lado y los técnicamente
jurídicos y constitucionales por el otro.
Lo del dos por uno se analiza, por no ser la
excepción, desde esos dos ángulos y le demos las vueltas que se nos ocurran,
pero llegaremos indefectiblemente ya sea por convencimiento externo o por íntima
convicción, a pensar íntimamente que es inaceptable si lo que se busca con la
aplicación de una condena, es su cumplimiento y el condigno castigo al reo.
Ningún tribunal condena a nadie pensando que
en una de esas el penado puede observar buena conducta como para acortarle el
encierro.
Además, son tantos los intereses políticos e
ideológicos que intervienen en una polémica de tan sensibles motivaciones, que
sería meternos en un terreno donde mandan más los sentimientos que las leyes.
Y ahora resulta que Zaffaroni, miembro
actual de la Corte Interamericana de Justicia, allá por el 2013 había votado
para que se aplicara el 2 por 1 a un represor, o sea que el asesor jurídico de
la Sra. Cristina Fernández viuda de Kirchner votó a favor
de la plena aplicabilidad del beneficio del doble cómputo a condenados por
delitos de lesa humanidad,
incluso en uno como Enrique Rei, quien se había apropiado de un hijo de un
desaparecido.
Lo hizo en un
caso, incluso, en el que el condenado no había estado detenido durante la
vigencia de la ley 24.390 entre 1994 y 2001, sino que fue detenido recién en
2004, con posterioridad a la derogación de la polémica ley.
Así, Zaffaroni
votó de la misma manera que lo hicieron los jueces Highton de Nolasco,
Rosenkrantz y Rosatti en la reciente causa Muiña y aún tuvo un criterio más
amplio.
Ahora
Zaffaroni, quien fuera designado por impulso del kirchnerismo en 2015 en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, comentó "Si
me equivoqué o no me equivoqué no lo sé. Pude haberme equivocado", La
respuesta fue en relación a la difusión de su voto que como miembro del máximo
tribunal había firmado para beneficiar a otro represor con el cómputo del 2x1.
Por su parte Graciela Fernández Meijide, ex
integrante de la CONADEP y madre de un hijo desaparecido, al referirse al polémico
fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el beneficio del 2x1 para la prisión
en un caso de delito de lesa humanidad, en
declaraciones periodísticas expresó que "Nos olvidamos
que en 2013 ya había ocurrido y no hubo
tanto escándalo como ahora, ni se discutió el fallo", remarcó Fernández
Meijide al recordar que la resolución del máximo tribunal ya había ocurrido
durante la segunda presidencia de Cristina
Kirchner en el caso de "Simón Antonio
Herminio".
Sin embargo la Sra. Que Ahora
Quiere Volver, al dar abruptamente por finalizada su exitosa gira europea sosteniendo
que en Argentina habían ocurrido hechos de suma gravedad que demandaban su
presencia, al referirse al reciente 2x1 dijo sin ponerse colorada: "Este fallo no
La Sra. Fernández Meijide la
contradijo, dado que durante el segundo mandato de Cristina, la Corte
Suprema permitió también que un acusado por delitos de lesa humanidad
consiguiera recortar su condena gracias a la
ley 24.390.
¿Cómo? El fallo, con fecha 6 de agosto de
2013, declaraba "inadmisible" el "recurso extraordinario" que
había presentado el fiscal Eduardo Ezequiel Casal para evitar que acotaran la
pena de Antonio Herminio Simón.
Según publicó el
diario Clarín, el que siempre miente, en el marco de la investigación de la
causa conocida como "contraofensiva de Montoneros", Simón fue
detenido el 11 de julio de 2002. Casi diez años más tarde, el juez Ariel Lijo
lo condenó a 19 años de prisión. No obstante, en ese mismo fallo, el magistrado
aclaraba que esa pena vencía el 20 de agosto de 2013, es decir, a once años de
su detención. La reducción de condena se debió a la aplicación del beneficio
del 2x1, decisión secundada por la Corte Suprema en 2013”.
Aunque lo ideal, si medimos a la justicia
con la vara de la importancia de la vida, sin ideologías, banderas o razas, lo
ideal sería 2x1 para nadie: ni para genocidas ni para terroristas.
La historia vive de
los archivos.
Y también de la
memoria …
¿POR QUÉ ESCONDER EL SUELDO?
Me voy a permitir recordar -o sea volver a
pasar por el corazón- una anécdota de unos 60 y pico años atrás, cuando una
tarde volví a mi casa eufórico y agrandado, y le entregué a mi Vieja,
sacrificada viuda y joven de 39 años, madre de cuatro vándalos, un sobre con el
primer sueldo que recibía como trabajador dependiente, con un mes más de mis 15
años de edad.
Entiendo ahora que fue una acabada y sincera
demostración de orgullo por haber logrado esa paga como producto del esfuerzo,
del sacrificio y del compromiso, lo que es para poner contento a cualquiera que
atesore esos valores positivos y no necesite andar ocultando frutos, en el caso
que fueran por acciones deshonestas o alejadas de la legalidad.
Por eso es que molesta que los empleados de
la EPEC, con el apoyo de su gremio, se hayan opuesto a que la ciudadanía se
entere detalladamente de los sueldos que perciben de una empresa que vive
llorando pérdidas pero que está dirigida por funcionarios que de un solo saque,
por eso que le llaman bonificación a la eficiencia, reciben una suma cercana al
medio millón de pesos aparte de los sueldos mensuales y los dos medios aguinaldos.
Una verdadera ganga, razón por la cual y por
acuerdo firmado o tácito con la dirigencia sindical, los cargos desde el obrero
más raso hasta el jefe más encumbrado -salvo el directorio que es político-
están sujetos a una especie de sucesión dinástica, con el beneplácito gremial.
Si la ley exige a funcionarios y
legisladores la presentación de su declaración jurada de bienes, que pasa a ser
un instrumento público, apenas asumen, es absurdo que los empleados de un ente
que pese a su autarquía depende del gobierno provincial, busquen esconder sus
haberes, si es que han sido estipulados dentro de la ley.
Nadie les exige que juren ni declaren los
artefactos eléctricos que tienen en sus hogares, al amparo de una tarifa sin
cargo o acomodada, o que den por cierto aquel rumor circulante en la sociedad,
que por un acuerdo bilateral ni siquiera pagan el gas domiciliario.
Lo que sí exige la convivencia ciudadana, es
un acto de sinceridad que le sirva a los vecinos para a su vez, exigir a toda
costa esa eficiencia que se pregona y se cobra pero que no alcanza a subsanar
el cúmulo de problemas que se agravan con el tiempo y la desinversión tecnológica,
esa que se pretende subsanar con anuncios rimbombantes, como lo fuera aquel
viejo verso de la Central Pilar.
La ciudadanía no exige la verdad por curiosidad,
sino para saber dónde está pisando, porque ya llegó al hartazgo con las
promesas cuyo cumplimiento están guardadas en el cofre de todas las demagogias.
Es como si aquel día que le entregué el
sobre con el primer sueldo a mi Vieja, hubiera dejado allí solo un par de
monedas.
Y con ellas, mi complicidad con la
inoperancia.
IMPERDONABLE Y ABANDÓNICO
CISPREN
Tomando en cuenta la precaria
situación por la que atraviesa la Obra Social de Prensa de Córdoba, con graves
consecuencias para sus afiliados, un grupo de jubilados de esa entidad realizó
una serie de reclamos ante sus administradores que es la conducción del Círculo
Sindical de la Prensa de Córdoba (CISPREN), y a la vez, encaró una
investigación paralela ya que los fondos que se deducen de sus haberes
jubilatorios no llegan a la Obra Social.
La falta de respuesta a
todos esos requerimientos derivó en la presentación de sendas denuncias penales
contra la dirigencia gremial, la Superintendencia de Servicios de Salud y ANSES, radicadas en el Juzgado Federal Nro.
3 de Córdoba.
El tema se inicia en la
ANSES Córdoba, que es la encargada de efectuar las liquidaciones y desde allí
se envían al organismo central, donde se dispone su reintegro a la Obra Social.
Pero esos fondos no llegan en su totalidad, ya que solamente se liquidan 192.00
pesos por mes por cada afiliado jubilado cuando en realidad se descuenta mucho
más.
La maniobra multiplicada por los siete años que viene
ocurriendo, señala un faltante que sería de unos 14 millones de pesos a valores
actuales, sin poder determinarse su destino, y sin que los administradores
hubieran adoptado las medidas de reclamo pertinentes.
Esta situación ha
provocado que la Obra Social esté imposibilitada de solventar sus necesidades
ni mantener sus prestaciones de servicios médicos y farmacológicos, recortados en numerosas oportunidades por
falta de pago.
Precisamente, en estos
momentos están suprimidos los del Instituto Modelo de Cardiología, Clínica Reina Fabiola, Instituto Oulton,
Centro de la Visión Urretz Zabalía, Clínica de Ojos Berardo, Federación Odontológica
de Córdoba, Federación de Bioquímicos de Córdoba, Sanatorio del Salvador área
de quimioterapia, Sanatorio Mayo y Farmacias del Hospital Privado Farma, entre otras.
La entidad que debe
controlar este sistema, Superintendencia de Servicios de Salud, delegación
Córdoba, receptó estas denuncias y por lo que se advierte, sin cumplir con los
preceptos que pregona y menos aún, realizar las inspecciones que debería haber
correspondido para evitar esos incumplimientos sociales y que afecta a más de
cinco mil familias entre afiliados directos, adherentes y jubilados, además del
personal médico de consultorios internos y administrativos de la obra social
que lleva más de 45 días de atraso en el cobro de sus salarios.
Se comenta asimismo,
por la emisión de más de un centenar de cheques sin fondos por valores que
estarían cerca de los 400 mil pesos, con datos que pueden verificarse en la
página web del Banco Central.
Según los jubilados, se
realizaron todos los reclamos administrativos ante los entes oficiales desde el
2016, sin obtener respuesta, razón por la cual decidieron realizar una denuncia
penal en Fiscalía de Turno de los Tribunales Federales de Córdoba, con sus
pruebas adjuntas, de índole
penal federal con faltante de dinero, según se informó.
La denuncia involucra
directamente a autoridades de organismos con sede en Capital Federal y a los
responsables de la conducción de la Obra Social de Prensa de Córdoba, que
encabeza Carlos Alberto Valduvino, hombre de Rio Cuarto, por “apropiación y desvío de fondos,
administración fraudulenta” y “vulnerar derechos elementales que hacen a la
salud de sus afiliados”.
Tenemos en línea a uno de los denunciantes, el colega Oscar Stornini, a
quien le pediremos mayores detalles de esta situación.
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El audio completo de la
conversación con Stornini aparece en el segundo segmento de las grabaciones de
audio, ubicados en la columna derecha de este blog. Es de consignar que
seguidamente fue consultado el colega de la Agencia de Noticias Telam, José
Barrios, quien debió modificar su tratamiento oncológico -padece leucemia- ante
la falta de pago a los prestadores en que incurriera la obra social de los periodistas
de Córdoba.
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MEGACAUSA: ¿VALE LA PALABRA
DE UN DELINCUENTE?
Esta
semana se anunció en un medio periodístico que el Sr Cerdá, primer condenado de
la causa del Registro de la Propiedad, podría recuperar su libertad.
Este
señor fue encarcelado en el año 2006 y juzgado en 2008,
confesando una serie de irregularidades realizadas con inmuebles en el seno del
Registro, en las que involucró a algunos familiares y un grupo de allegados a
él.
Durante
el juicio manifestó ser un perejil que había trabajado para la corona, acusando
a varios funcionarios del gobierno de haber participado en las maniobras.
Semejantes declaraciones fueron desestimadas casi de inmediato, manifestando un
magistrado que no se podía creer en la palabra de un delincuente.
Pese a
enumerar todos sus hechos de una vez, fue juzgado repetidamente, convirtiendo
sus acciones en causas independientes.
Contrario
a lo manifestado por el magistrado a la hora de darle credibilidad cuando culpó
a los funcionarios, a lo largo de los procesos fue utilizado como un caballito
de batalla para justificar distintas condenas contra otros imputados,
argumentando que Cerdá los había señalado.
Para
otros acusados, en cambio, fue incriminante haberle vendido un celular, haber
trabajado con él en la misma oficina, o vivir en su mismo barrio.
Los
delitos de estafa y similares tienen un máximo de 6 años de prisión. Nadie pretende
minimizarlos, esperando, por el contrario, que todo el peso de la ley caiga
sobre ellos.
Pero
cuando los procesos se prolongan por más de una década, los imputados se
multiplican, los juicios se repiten, los jueces se mantienen y las condenas exceden
las de un genocidio, no es razonable seguir creyendo que se está buscando
justicia.
MALA POLICÍA JUNTO AL HAMPA
¿Cuántos policías, según lo que se conoce o
trasciende, han aparecido complicados con personajes o actitudes del hampa, en
esta Córdoba sorprendente?. No son pocos y la situación, sin que sea de agorar
desgracias, ha entrado a un terreno calamitoso.
Desde hace tiempo venimos pregonando que si la Policía
no sabe limpiar la mugre que tiene adentro, será inalcanzable el objetivo
ciudadano de limpiar afuera de la institución. Y de acuerdo con lo que estiman
los entendidos, todo tiene sus raíces en la incorporación de personal, que se
vino haciendo desde tiempo atrás sin tomar en cuenta todos los antecedentes de
los postulantes, porque en la mayoría de los casos les dieron entrada en pago
de favores políticos o como premio a los punteros de todos los rincones de la
provincia.
Por otra parte el nivel intelectual, de estudios o de
cultura general si se prefiere, de quienes acceden sin pasar por la Escuela de
la Institución y “a sola firma” -en la mayoría de los casos por carencias
económicas- es lamentablemente pobre.
La disculpa es que previamente realizan un curso
intensivo para el uso de armas, como si fuera el único requisito que garantice
calidad y legalidad de servicio.
¿Así quieren conformar una fuerza que luche y nos
proteja contra la delincuencia? Es la manera más absurda de intentarlo, porque
a Córdoba le hacen falta policías con antecedentes intachables y no con
prontuarios lavados, ni agentes improvisados o instruidos “de apuro”.
La lucha
contra el hampa viene demostrando que la policía es inmanejable interiormente
porque si fuera lo contrario, no nos encontraríamos con policías asaltantes,
estafadores, vinculados con los narcos o proclives al abuso con sus armas o
inclinados por otros tipos de delitos.
Los
cordobeses no merecemos los malos policías que tenemos, que son una afrenta a
los leales funcionarios que abrazan el sacrificio y el compromiso por y con la
gente. Ellos son los que menos merecen ser ubicados a la par de los desleales
que deshonran el uniforme azul.
Y estafan a
la ciudadanía con algunas travesuras reprochables, como lo es esconder hechos
delictivos en la creencia que así habrán de recuperar el respeto y la consideración
de la gente.
El asalto
masivo de antenoche a un grupo de 20 médicos en una residencia del Cerro de las
Rosas no fue informado como tampoco nada se dijo de otro asalto perpetrado por
dos motochorros a mediodía, ante mucha gente y un policía cercano, del que
resultara víctima un empresario cordobés a quien luego de golpearlo le
arrebataron un maletín con 100 mil pesos en efectivo y otros valores, en la
puerta de un banco a donde fue a depositar, en la avenida Fuerza Aérea.
Si el
gobierno sabe que su policía es así de sospechada y la realidad lastimosamente
lo demuestra, ¿por qué se empeña en seguir permitiendo tanta mugre?
LA NIÑA PUEDE VOLVER A SUS SUEÑOS
No es que todo haya pasado
porque recién comienza una etapa nueva en la convulsionada vida de una criatura
que está más cerca de las muñecas y de algún piquito furtivo, que del rouge y
la sombra de ojos, precursores de las ligas mayores en esa especie de
competencia que libran las niñas en su vertiginoso camino que pasa por una
apresurada adolescencia rumbo a la juventud que es donde creen que enarbolarán
una bandera de conquistada libertad.
Será tarea de los estudiosos
juzgar si en realidad fue niña encerrada en la candidez de su inocencia o fue
silenciosa mártir del oprobio que reina en el terreno de las promiscuidades,
allí donde la prepotencia de los años y la muerta persuasión de la violencia
logra oscuras satisfacciones e impone infames silencios tan familiares como
compartidos y encubiertos.
Niña de algodón y brisas,
sobreviviente o sobremuriente en una torpe y atropellada sociedad que llegó a
juzgarla como culpable en lugar de ampararla, contenerla y escucharla como
víctima. Que la condenó por la sospecha en lugar de ofrecerle un hombro con
cariñosa tibieza maternal para que allí tiemble, llore y desahogue su tormento
que la llevó a preferir las distancias por encima de alguno de los afectos que
aún le quedaban.
Niña de rubor, mostacillas y
risas a quien los infames le aceleraron el reloj de su niñez.
Niña de candor y de pureza
vulnerada.
¿Habrá leyes de los hombres que
impongan justicia, condena y sanción para quienes quebrantan la ingenuidad y la
confianza?
¿Existen códigos que obliguen a
reparar lo irreparable?
Tontas preguntas para una
cuestión tan visceral como es la preservación de ciertos valores que las niñas
atesoran en su rincón de las virtudes.
Muchas veces el amor inmerecido
lleva por atavismo a la complicidad de los silencios que no desgarren el eterno
cordón umbilical.
Niña de lejanías y pesares; de
lágrimas a escondidas y alma injuriada, tienes tanto para vivir como mucho para
olvidar y nada que perdonar.
Chiquilla dulce empujada al
calvario, podrás al tomar cabal noción de tu breve historia optar por aquellos
que sostienen que el perdón es casi siempre el padre de la reincidencia o
adherir a los que prefieren la indulgencia de predicar que la última y
definitiva justicia es el perdón.
Aunque todo lo que habrás
padecido sea imperdonable, abrázate a la ilusión de tener una vida por delante,
un horizonte de luces, un futuro de auténtico y bien ganado cariño, porque
dejando de lado la eterna e irredimible culpa encerrada en la sucia conciencia
de quienes te humillaron, mereces ser feliz.
DEVOLUCION DE GANANCIAS A
LOS PASIVOS
Una curiosa alquimia con los números le permitió al gobierno de la
provincia hacerse de un “tubo de oxígeno” para sus castigadas arcas, apelando a
los fondos histórica y originariamente asignados a uno de los sectores más
vulnerables de la sociedad: los jubilados.
Legalmente pero aprovechándose
de las ventajas que otorga la mayoría propia, se injuria a los pasivos que hace
tiempo vienen padeciendo y sin derecho a la protesta, la rapiña de sus haberes
mensuales por parte de un Estado que en lugar de erigirse como protector,
cambió su rumbo para transformarse en ofensor de quienes debieran ser mimados y
contenidos.
Ahora el reclamo es por la
demora en devolverles parte del impuesto a las ganancias que les vienen
descontando, pese a existir una disposición que ordena reajustar esos
descuentos y reintegrar lo mal descontado.
Para eso realizaron una
manifestación, callada y pacífica, frente a las oficinas de la AFIP en La
Cañada casi esquina bulevar San Juan.
Es claro: los jubilados en su
mayoría no suman poder de fuego y sus protestas caen en el bolsillo sin forro
que los funcionarios tienen en sus ropas.
En octubre los jubilados que
pese a sus años aún hacen ejercicio de la memoria, deberán desoir los cantos de
sirenas propios de las campañas electorales y votar a conciencia, pero
especialmente con memoria,
Ningún supermercado ni
proveedor de servicios recibe promesas como forma de pago.
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